¿Es el voto de los ciudadanos una "patente de corso"?
Por duro que sea reconocerlo, eso es lo que parece deducirse de las actuaciones de los gobiernos españoles, tanto en el caso del estado como de las autonomías y es así porque, como decía en una reflexión previa, las elecciones no son más que una forma encubierta de guerra en la que el vencedor hace lo que le parece sin más que conseguir la mayoría suficiente "trapicheando" en el parlamento (si es que no tiene mayoría absoluta) con los derechos de los ciudadanos; con los de los que le votaron que, aún votándole, no le han votado para eso y con los de los que no le votaron.
Al parecer, los partidos políticos que ganan las elecciones consideran que están autorizados a hacer lo que les parezca, promulgar las leyes que se les ocurran, gastar el dinero público (es decir, el dinero del pueblo, de los ciudadanos, no del partido político que gobierna) en lo que les parezca, utilizar las instituciones y medios del estado para usos partidistas e incluso particulares, utilizar los medios de comunicación públicos (públicos, vuelvo a insistir, es decir del pueblo, no del partido político que gobierna: TVE, Telemadrid, TV3, ETB) para uso partidista.
Ante una situación como esta, los ciudadanos no tienen ninguna defensa. El único instrumento real (los demás, por mucho que se argumente, conducen tan sólo a una lucha eterna y estéril contra las instituciones) que tiene el ciudadano es el de votar a otro partido en las próximas elecciones con lo que dará, de nuevo, al partido que gane sea o no el partido al que votó, "patente de corso".
- Financiar el terrorismo de estado (GAL).
- Utilizar fondos reservados para fines diferentes de aquellos para los que se concibieron.
- Participar en guerras en el extranjero (Irak).
- Favorecer a las empresas de familiares, amigos, simpatizantes y colaboradores del partido (¿hay algún partido no implicado?, ¡Dios! ¡Qué asco!).
- Pagar asesinatos legales como el aborto.
- Politizar partidariamente las instituciones del estado ajenas al poder legislativo y ejecutivo (léase poder judicial) de modo que sea imposible su actuación independiente y de control al gobierno ("Montesquieu ha muerto", según Alfonso Guerra).
- Influir en la composición de los órganos del poder judicial.
- Impedir una investigación completa de asuntos muy graves para la Nación (investigación sobre el 11-M, espionaje a altos cargos y a miembros de partidos políticos ya sea el propio o ajenos, etc.).
- Impedir que los diputados voten según su conciencia, imponiendo la disciplina de voto (¿cabe algo más antidemocrático?).
- Emplear el tiempo de funcionarios del Ministerio de Justicia, de los juzgados, de los Tribunales y la propia Policía en perseguir a los enemigos del gobierno.
- Destruir la reputación y la carrera de jueces y otras personalidades relevantes (por ejemplo, Javier Gómez de Liaño, caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó el que en el juicio al que fue sometido el demandante «ha habido violación del art. 6.1 del Convenio [Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales]», que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída ... por un tribunal independiente e imparcial») sin que los responsables de esta "violación de los derechos humanos" hayan sufrido las consecuencias de su actuación, ni se haya repetido el juicio con un tribunal imparcial, con independencia de que fuese culpable o no).
- El gobierno debería poder fijar la cantidad global de impuestos que paga un individuo, una familia u otro tipo de entidad en función de los rendimientos económicos que percibe.
- El individuo debería poder decidir en qué capítulos autoriza la aplicación de los impuestos que paga, garantizándose así que no se utiliza su dinero para financiar aspectos que considera moralmente ilícitos o incluso perniciosos para el país.
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